Barcelona.- El conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, pedirá hoy a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, fijar una "agenda concertada" de desarrollo del Estatut para los próximos "dos años".
Según fuentes del gobierno catalán consultadas por Efe, Saura, que no acepta que el desarrollo de esta ley orgánica esté a expensas de promesas genéricas, quiere que un compromiso de la ministra de que fijará un calendario preciso de despliegue del Estatut.
Asimismo, Saura quiere concretar hoy, en la reunión que mantendrá en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas, las fechas de la próxima reunión de la Comisión de Transferencias y de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, organismos que espera que se reúnan antes del verano.
Tal como avanzó el conseller la semana pasada, también hará llegar a la titular de Administraciones Públicas la conveniencia de que las Cortes reformen la ley orgánica del Poder Judicial antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el nuevo Estatut.
Y es que la reforma de esta ley es básica para cumplir preceptos del Estatut como que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea el órgano que culmina la organización judicial en Cataluña o para crear el Consejo de Justicia de Cataluña como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial.
Saura trasladó la semana pasada a la ministra una propuesta de lo que debe ser, en su opinión, la 'hoja de ruta' del despliegue estatutario, un documento que marca los cinco ámbitos en los que los ejecutivos español y catalán deben ponerse de acuerdo para poder seguir desarrollando el Estatuto de Cataluña.
El primero de los ámbitos atañe a la legislación del Estado que hay que modificar para permitir la transferencia de competencias prevista en el Estatut, lo que incluye leyes relativas a la financiación, el ámbito lingüístico o a la ya mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial.
En segundo lugar, se trataría de acordar de qué manera se permite a la Generalitat designar o participar en mecanismos de designación de miembros de organismos e instituciones como el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, Renfe, Adif o Aena.
El tercer ámbito recogido en el documento entregado a Salgado se refiere a la "conflictividad institucional" derivada de las leyes estatales que afectan a competencias exclusivas de la Generalitat.
En cuarto lugar, la Generalitat considera prioritario que avancen los acuerdos en materia de traspasos, y en este sentido confía en lograr el traspaso de Cercanías antes de que acabe la legislatura catalana.
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