Toledo.- Las Cortes de Castilla-La Mancha mostraron hoy su respaldo unánime al II Plan de Formación Profesional en un pleno en el que el PSOE sacó adelante una resolución que pide a los gobiernos de España y Castilla-La Mancha que trabajen para que, en la revisión del PAC, se mantengan las ayudas a los agricultores y se garantice que vayan a parar a los que viven de la agricultura.
En el pleno celebrado hoy en la Cámara regional, donde al inicio de la sesión los diputados guardaron en pie un minuto de silencio para condenar el atentado cometido por ETA en Legutiano (Álava), en el que murió el guardia civil Juan Manuel Piñuel, PSOE y PP aprobaron por unanimidad una resolución sobre el II Plan de Formación Profesional (FP) de Castilla-La Mancha 2008-2011.
La resolución, que venía consensuada de la Comisión de Trabajo, insta al Gobierno regional a estimular la conexión entre la formación profesional reglada, ocupacional y continua, así como a implantar progresivamente una adecuada red de centros integrados de formación profesional.
Precisamente la integración de estos tres subsistemas de formación es uno de los objetivos del plan, según ha explicado la consejera de Trabajo, María Luz Rodríguez, que ha afirmado que la formación reglada, ocupacional y continua "no pueden ser compartimentos estancos".
También ha destacado la incorporación de la prevención de riesgos laborales a la formación profesional y ha recordado que ya más de 13.000 desempleados que participan en acciones formativas del SEPECAM reciben formación en esta materia.
Además, ha avanzado que la formación que se imparte en las escuelas-taller, talleres de empleo y talleres ocupacionales, hasta ahora muy vinculada a empleos relacionados con las obras, la construcción y la rehabilitación, se va a adecuar a las nuevas necesidades del mercado, como los nuevos sectores productivos y la atención a personas dependientes.
Tras el debate de la resolución sobre el II Plan de Formación Profesional, que cuenta con un presupuesto de 811,59 millones de euros, se celebró un debate general sobre la incidencia del pago único de la Política Agraria Común (PAC) en Castilla-La Mancha, en el que se acabó hablando sobre la revisión intermedia que se va a hacer de la PAC.
La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, ha manifestado que es pronto para hacer "grandes cambios" en la PAC, cuya última reforma se empezó a aplicar en España en 2006, y se ha mostrado en contra de que la modulación de las ayudas se amplíe del 5 al 13 por ciento, salvo para aquellos perceptores que cobran más de 100.000 euros y que no viven principalmente de la agricultura.
Gómez ha calificado de "injusto" que 364 beneficiarios de la PAC en Castilla-La Mancha que cobran más de esa cantidad de ayudas y cuyas explotaciones no están consideradas prioritarias se lleven casi 63 millones de euros, frente a los 98 millones que perciben en total más de 107.000 agricultores que reciben menos de 5.000 euros.
En la línea de lo manifestado por la consejera, se aprobó al término del debate una resolución del PSOE para que los gobiernos de Castilla-La Mancha y de España trabajen para que se mantengan las ayudas agrarias y para que éstas vayan a parar a los agricultores que más lo necesitan y que viven en el medio rural.
El PP, que se abstuvo en la votación de la resolución socialista, presentó otra, que fue rechazada con los votos del PSOE y que pedía al Ejecutivo español que impida que se rebajen las ayudas para los agricultores de Castilla-La Mancha, y al de la región que resuelva el caos que existe actualmente en el pago de ayudas y que las abone inmediatamente.
La portavoz de Agricultura de los populares, María Luisa Soriano, ha pedido al Gobierno regional que actúe para frenar las intenciones de la Comisión Europea de rebajar las ayudas directas y ha denunciado la alta cifra de expedientes que tiene sin resolver la Consejería.
En el pleno de las Cortes también ha comparecido el consejero de Educación, José Valverde, que ha asegurado que ya se han puesto en marcha la mayoría de las medidas del decreto para la convivencia escolar que se aprobó en enero.
La diputada del PP Cesárea Arnedo ha criticado que se haya tardado más de dos años en hacer el decreto, fruto del Acuerdo por la Convivencia Escolar alcanzado en agosto de 2006, y ha dicho que los protocolos de actuación son farragosos, lo que muchas veces impide que las medidas sean efectivas.
Fuera del salón de plenos, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, habló del próximo Congreso regional de su partido y anunció que Vicente Tirado seguirá como secretario general.
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