MADRID.- Las diferencias entre el Gobierno español y el norteamericano son notables, y no me refiero a las evidentes... En este caso, hablamos de las fórmulas empleadas por una y otra administración para hacer frente a las respectivas crisis inmobiliarias. Cierto es que la situación que se vive al otro lado del 'charco' es mucho más crítica que la española, pero, seguramente, a los promotores nacionales les gustaría, pese a que siempre se han quejado del intervencionismo, que en esta ocasión el Gobierno español hubiera adoptado medidas similares a las de sus homólogos de la primera potencia mundial.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para crear un fondo de seguro hipotecario de 300.000 millones de dólares (más de 194.363 millones de euros), y suministrar miles de millones más para ayudar a los propietarios de inmuebles y estabilizar el mercado de viviendas, sacudido por la ola de ejecuciones hipotecarias.
El proyecto de ley también ofrecerá una desgravación fiscal de 7.500 dólares (más de 4.857 millones de euros) a los compradores de su primera vivienda. Otra medida aprobada consiste en enviar 15.000 millones de dólares (unos 9.715 millones de euros) a las regiones más golpeadas por la crisis, para ayudarlas a comprar y reparar las casas abandonadas.
Con el fondo del seguro hipotecario, que será supervisado por la Administración Federal de Viviendas (FHA), se espera ayudar a 500.000 prestatarios, cuyas viviendas han perdido valor desde que obtuvieron la hipoteca.
En España, la situación no es tan catastrófica. Cierto es que, en un año, el paro en la construcción ha subido en 115.000 personas, azotado por la caída de las ventas de viviendas nuevas, que se cifra en 13,6%. Además, se calcula que existe más de medio millón de inmuebles sin vender, aunque, al menos de momento, la mayoría de españoles sigue pagando su hipoteca religiosamente (pasando más o menos apuros, eso sí).
Los promotores han propuesto múltiples medidas para salvar el bache. Desde aumentar las deducciones fiscales, a convertir en vivienda protegida el stock de obra nueva sin vender. Pero sus peticiones han sido desoídas.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, advertía ayer de que, más allá de las medidas dispuestas por el Ejecutivo para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y la rehabilitación, para agilizar la licitación de obra pública y ayudar a la recolocación de parados, el Gobierno no va a tratar de "impedir artificialmente el necesario ajuste en la construcción".
En declaraciones a RNE, Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), ha expresado su malestar por la postura oficial del Ejecutivo. En su opinión, "se está intentando combatir una pulmonía con caramelos para la tos", y afirma que hace falta mejorar la situación de la economía española y, sobre todo, que se concedan ayudas a los compradores de viviendas para garantizar el mantenimiento del tipo de interés de sus préstamos hipotecarios durante cinco años, lo que les daría mayor seguridad.
Y es que Chicote cree que el sector no está cayendo empujado por la crisis de las hipotecas 'subprime' norteamericanas, sino "por la incertidumbre y la falta de confianza de los compradores en la economía española y en la evolución de los tipos de interés", explica.
El presidente de la patronal promotora ha reconocido que existe un exceso de producción, y que 640.000 viviendas construidas en 2007 son demasiadas (más del doble de lo que se demanda anualmente, que ronda los 300.000 pisos). No obstante, ha recordado a la Administración que "nadie ha llorado" por la "extraordinaria" recaudación fiscal que ha procurado el boom inmobiliario de los últimos años. "Hemos generado una gran cantidad de impuestos a corporaciones locales, Estado central y autonomías, y entonces nadie lloraba", apostilla Chicote.
El representante de los promotores se reunirá el próximo miércoles con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Mientras tanto, la última idea que podría servir de apoyo al sector inmobiliario es la de permitir que el fondo de reserva de la Seguridad Social pudiera invertir en deuda emitida por las entidades financieras, como cédulas hipotecarias, bonos o participaciones preferentes, como ha propuesto el propio sector financiero. Esto serviría para inyectar liquidez a los bancos y cajas de ahorro que, a su vez, lo podrían prestar a familias y empresas, incluidas las inmobiliarias.
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