Buenos Aires.- El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina denunció hoy que, a pesar del protagonismo de los derechos humanos en la agenda política del país, existen "problemas de articulación y gestión estatal" que impiden avances significativos.
Además, los directivos de esta entidad privada calificaron de "insuficiente" la política del Gobierno en relación a los derechos humanos, que es uno de los estandartes de la presidenta argentina, Cristina Fernández, como lo fue de su antecesor en el cargo, su esposo Néstor Kirchner.
El CELS presentó hoy la edición 2008 de su estudio "Derechos Humanos en Argentina", en la que se insta al Estado a "no reducir la política de derechos humanos al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado".
También se denuncian errores en los procesos judiciales contra los responsables de la represión durante la última dictadura militar (1976-1983).
El director de la entidad, Gastón Chillier, dijo que en la defensa de los derechos humanos se han abandonado "por completo" otros temas como la situación de las cárceles, la represión policial o la pobreza.
Chillier y Horacio Verbitsky, miembro honorario del CELS, criticaron duramente la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, creada por Kirchner y símbolo de su Gobierno, y que, según Verbtitsky, "se dedica pura y exclusivamente a la persecución de crímenes de la dictadura, pero no lo hace bien tampoco".
Según el informe, los procesos judiciales han puesto de relieve "las fallas de coordinación entre los poderes del Estado, la lentitud de los procesos, la falta de recursos y la pasividad frente a los graves hechos que amenazan el proceso de justicia".
Como hechos más graves cita la desaparición de Julio López, que declaró contra los que fueron sus represores en la dictadura y del que se desconoce su paradero desde septiembre de 2006, y el caso del prefecto naval Héctor Febres, imputado por delitos de lesa humanidad que murió en circunstancias no aclaradas mientras estaba detenido y esperaba su sentencia.
Además, destaca que a pesar de que en Argentina hay 212 causas abiertas y 1.036 personas imputadas por estos crímenes, sólo 17 han sido condenadas.
Más allá de los juicios por la memoria, el CELS denuncia torturas y malos tratos en las cárceles, donde también se ha agravado la superpoblación y el hacinamiento y sin atención especializada para enfermos, embarazadas y mujeres con hijos.
Otra de las grandes fallas de la política de derechos humanos es, según Verbitsky, la disminución de la participación de los trabajadores en los ingresos del país, que representan el 27 por ciento.
Así, aunque el Estado duplicó sus ingresos en cinco años, apenas destina el 1,5 por ciento del PIB a ayudar a las familias con pocos recursos, en un país con diez millones de pobres entre 36,5 millones de habitantes, y donde el 40 por ciento de los niños menores de 14 años vive en situación de pobreza.
El informe alerta además de que a pesar del avance que significó la reducción del poder policial para reprimir protestas, esta política tiene "muchas debilidades para mantenerse en el tiempo" sin iniciativas legislativas concretas.
La violación de la libertad de expresión y las dificultades para acceder a una información plural es la otra carencia que según el CELS debería ser tratada por el Gobierno argentino.
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