Buenos Aires.- El millonario proyecto para unir las tres principales ciudades de Argentina con un tren de alta velocidad es visto por el Gobierno como un "salto a la modernidad", mientras que para la oposición el plan es un nuevo "monumento a la corrupción" o, al menos, una inoportuna obra faraónica.
Los argentinos viajan como vacas en destartalados ferrocarriles que demoran más que hace cuarenta años, pero el Gobierno de Cristina Fernández ha optado por dar prioridad al primer "tren bala" que tendrá Latinoamérica antes que por modernizar la red existente.
Fernández, que este martes firmó el contrato con un consorcio encabezado por la francesa Alstom para montar el tren de alta velocidad entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba, defendió a este "producto de excelencia" inspirado en el "exitoso" modelo español.
A menos de un día de concretada la adjudicación, la Coalición Cívica, una de las mayores fuerzas de la oposición en Argentina, acudió hoy a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción para denunciar actos ilícitos en la concesión "escandalosa" de la obra, como supuestas violaciones a las normas de licitación pública y cambios en el costo de la inversión.
La líder de la Coalición Cívica, la ex candidata presidencial Elisa Carrió, calificó al contrato firmado con el consorcio Veloxia -también integrado por la española Isolux y las argentinas Iecsa (Grupo Socma) y Emepa- como "una distorsión corrupta de las necesidades del país" en materia de transporte.
Diputados de la también opositora Unión Cívica Radical (UCR) ya se habían presentado a la Justicia para pedir la impugnación del proceso de licitación del "tren bala" iniciado hace dos años y en marzo pasado recurrieron a la Corte Suprema para tratar de frenar el ambicioso proyecto oficial en el que ven violaciones a la Constitución y a la Ley de Obra Pública.
El presidente de Alstom, Patrick Kron, dijo hoy en un comunicado que "la línea de Buenos Aires-Rosario-Córdoba constituye el mayor proyecto ferroviario realizado fuera de Europa en muy alta velocidad desde el KTX de Corea" y "representa un componente esencial en la revitalización ferroviaria de Argentina, que tendrá un gran impacto en el desarrollo económico de la región".
"El tan promocionado tren bala es una burla para todos los usuarios de trenes que padecemos diariamente transportes públicos en condiciones deplorables", consideraron desde la ultraizquierdista organización Quebracho.
Antes de su privatización, en los años 90, la red ferroviaria argentina tenía 36.000 kilómetros de vías y empleaba a 95.000 personas; hoy tiene 14.000 kilómetros, emplea a 8.000 personas y está en un estado calamitoso que las ligas de usuarios han denunciado ante la Justicia decenas de veces.
De hecho, asociaciones no gubernamentales ligadas al transporte ferroviario han calculado que con lo que terminará costando el tendido de 710 kilómetros del tren que desarrollará una velocidad de hasta 320 kilómetros por hora, unos 3.900 millones de dólares según los cálculos de la oposición y de la prensa local, se podrían montar 6.700 kilómetros de nuevas vías para formaciones que desarrollen hasta 130 kilómetros por hora.
Sin embargo, el aspecto más cuestionado del proyecto no es su oportunidad o conveniencia, sino el coste de la obra y su polémica forma de financiación.
Al lanzar la licitación del proyecto, el Gobierno de Fernández había calculado que demandaría un gasto de 1.500 millones de dólares, pero a comienzos de mes anunció que emitirá bonos de deuda hasta por 2.070 millones para financiarlas.
Esto es porque el préstamo que le otorgará el banco francés Natixis al Estado argentino tendrá como garantía títulos públicos emitidos en dólares, a treinta años y con una tasa de interés anual de entre el 12 y el 13 por ciento, lo cual elevaría el coste financiero total del proyecto a unos 3.900 millones de dólares, de acuerdo a los cálculos de la prensa local.
Natixis cobrará además comisiones como agente colocador de los bonos y por la estructuración de la emisión de deuda.
"Ahora sabemos a qué fue Cristina (Fernández) a Francia (a comienzos de abril): a entregarle a (el presidente francés Nicolas) Sarkozy el acto de corrupción que se necesitaba para habilitar la licitación", afirmó Carrió.
"Este proyecto quedará en la historia como el símbolo de la ilimitada corrupción de Cristina y Néstor Kirchner", antecesor en la Presidencia argentina y esposo de la gobernante, agregó.
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