Madrid.- La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá el próximo martes si investiga disciplinariamente a los jueces del Juzgado de Instrucción número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) que tramitó la denuncia por malos tratos de la mujer asesinada por su ex marido en Alovera.
Esta Comisión analizará el próximo 29 de abril a partir de las 17:00 horas el informe del servicio de Inspección del CGPJ que apunta la necesidad de abrir diligencias informativas sobre la actuación de los tres jueces que intervinieron en las diligencias de este caso, cuyo sobreseimiento pidió el fiscal seis meses antes del crimen.
Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la Comisión podría abrir una investigación sobre el caso de Sylvina Bassari, asesinada junto a su compañero sentimental, el teniente Andrés Marzal, el pasado día 10 a manos de su ex marido, el sargento José Javier Lacasa, que luego se quitó la vida delante de su hijo de cuatro años.
Durante la tramitación de este caso, el Juzgado de Instrucción número 5 de Torrejón, encargado de los asuntos de violencia machista, estuvo dirigido por su titular Gemma Susana Fernández y los sustitutos Francisco Javier Just y Gonzalo Laguna, y desde el pasado mes de marzo está a cargo de Gemma Poveda.
Sylvina Bassari interpuso en 2005 ante el Juzgado número 4 de esa localidad la primera denuncia contra Lacasa, de la que se retractó aunque volvió a denunciarle en septiembre de 2006 en el Juzgado número 1, que estaba de guardia y que dictó una orden de protección y prohibió al ex marido que se acercara a la víctima y a su hijo y que se comunicara con ellos.
Entre esa fecha y noviembre del mismo año la mujer denunció que el ex marido había incumplido dicha orden y la había llamado en varias ocasiones, por lo que su abogado solicitó prisión provisional para Lacasa, lo que fue denegado por el Juzgado número 5 que se encargó definitivamente del caso.
Ya en 2007 Sylvina denunció en otras dos ocasiones a su ex marido porque le había pinchado las ruedas de su vehículo y se había aproximado a su domicilio.
Además dos vecinos que habían testificado en el caso pusieron también en conocimiento de un Juzgado de Alcalá de Henares que sufrían acoso por parte del denunciado y que había dañado sus motocicletas, hechos por los que fue condenado.
En noviembre de 2007 el Juzgado recibió un escrito del Ministerio Fiscal en el que pide el sobreseimiento provisional de la causa.
Según el informe de Inspección, constan instrucciones manuscritas de la juez Gemma Susana Fernández fechadas en ese mes "que no fueron oportunamente cumplidas".
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