MADRID.- Diferentes investigadores españoles se lamentan de que el accidente en la mina de cobre de Boliden Apirsa, en Aznalcóllar (Sevilla), que contaminó 63 kilómetros de cauce y 4.634 hectáreas de terreno, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, no ha servido para tomar medidas preventivas frente a accidentes similares, cuando se cumplen diez años de la tragedia el próximo viernes, 25 de abril. Los expertos advierten también de que fue una tragedia anunciada por la ciencia.
Así el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicos (CSIC) cuando se produjo el vertido, César Nombela, advirtió de que "aprender de la lección" singificaría que en otras situaciones similares se actúa desde el primer minuto, sin esperar instrucciones de nadie, para estudiar lo que ocurre, hacerlo público y proponer soluciones si se tienen claras. "Por desgracia, cuando se hundió el 'Prestige' en otoño de 2002, cuatro años más tarde, no se actuó así desde el primer momento", apuntó.
En la misma línea, el actual director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hiraldo, cree que el matrimonio "ciencia-sociedad" de nuevo no ha funcionado. "No sé si hemos aprendido la lección. Quisiera creer que sí, pero tengo serias dudas. Viendo cómo se ha llevado el proyecto de la mina de Las Cruces, cuyos deshechos contaminantes van también al Guadalquivir, pienso que no. No es que el proyecto, ya en marcha, no cumpla la Ley, bueno estaría, es que creo que era necesario un debate mucho más intenso y pensando en el largo plazo", reflexiona.
NO HAY UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Tampoco está convencido el ex director de la Estación, Miguel Ferrer, que advierte de que no se ha sistematizado un protocolo para actuar en caso de accidentes de este tipo. "Yo pensé que la actuación de 1998 era un ejemplo que iba a cundir, pero no ha sido así, nuestra actuación fue anecdótica", lamentó. A su juicio, si vuelve a pasar algo parecido la resolución de la crisis va a depender exclusivamente de las personas a las que les toque tomar decisiones, no de la respuesta organizada que hayan planificado las instituciones.
A pesar de las labores de descontaminación y restauración de la zona (proyecto Doñana 2005 y proyecto Corredor Verde del Guadiamar), todos los estudios realizados apuntan la necesidad de continuar con el seguimiento de los efectos del vertido sobre las diferentes poblaciones de seres vivos. El cangrejo rojo americano, la nutria y la cigüeña blanca, han sido estudiadas durante estos años como bioindicadores del estado de la zona tras el vertido.
Así, los resultados preliminares del análisis a nivel poblacional apuntan hacia un menor éxito reproductor de la colonia tras el vertido. El CSIC recuerda en un informe de valoración sobre el accidente, con motivo del décimo aniversario, que tras la catástrofe, casi un centenar de investigadores liderados se organizaron para emitir un informe científico sobre el impacto del vertido sólo cuatro días después del desastre.
Durante la madrugada del 25 de abril de 1998, la balsa de residuos de la mina de pirita de la empresa sueco-canadiense Boliden Apirsa S.L. en Aznalcóllar, Sevilla, se rompió, al producirse una fractura a 14 metros de profundidad por la que escaparon seis millones de metros cúbicos de agua y lodos tóxicos de pirita. Una riada "excepcional", que llegó a alcanzar hasta tres metros de altura en algunos puntos, desbordó los ríos Agrio y Guadiamar, contaminó un total de 63 kilómetros de cauce y 4.634 hectáreas de terreno.
EL MAYOR DESASTRE AMBIENTAL
La 'ola tóxica' ascendió entre dos y tres kilómetros cauce arriba antes de comenzar a descender por el río Guadiamar hacia las marismas de Doñana. Se trata, según el CSIC, del mayor desastre ambiental en la historia de España, ya que el vertido tóxico de Boliden fue unas 100 veces mayor que el del Prestige (seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas, frente a 63.000 toneladas de fuel) y anegó entre 500 y 1.000 metros de llanura aluvial hasta llegar a las puertas del Parque Nacional de Doñana.
La limpieza y restauración del Guadiamar le costaron a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente 165,3 millones de euros. Además, los investigadores realizaron 15.110 análisis, con 3.128 puntos de muestreo y un total de 868 operarios recogieron siete millones metros cúbicos de lodos y tierras contaminadas.
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