Toledo.- El PP popular ha registrado una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Gobierno regional explique de forma urgente qué alternativas al final del trasvase Tajo-Segura maneja ante posibles modificaciones de la reforma estatutaria en el Congreso y por qué ha dado "la batalla política por perdida".
Así lo ha expuesto en rueda de prensa el diputado del PP Leandro Esteban, quien ha mostrado su asombro y su "honda preocupación" al leer que el vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, ha planteado que se barajan diferentes opciones ante la posibilidad de que las Cortes Generales no acepten lo establecido en el Estatuto en materia hidráulica.
Esteban, secretario segundo de la Mesa de las Cortes, ha dejado claro que el PP de Castilla-La Mancha defenderá lo pactado en ese texto -la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015- "hasta las últimas consecuencias".
Pero antes, ha indicado, la Junta, a ser posible el presidente regional, José María Barreda, debe dar cuenta en las Cortes, institución que ha aprobado la propuesta de reforma estatutaria por unanimidad, de qué alternativas baraja a la caducidad del trasvase y de por qué se plantea esas alternativas sin que nadie se lo haya pedido.
A su juicio, el Ejecutivo de Barreda "se pone la venda antes de que le salga la herida" y asume la "derrota" de las aspiraciones de Castilla-La Mancha con antelación, con una actitud "entreguiza y genuflexa".
Esteban ha opinado también que las palabras de Lamata demuestran que el PP ha acertado al advertir de que el nuevo Gobierno de España es malo para la comunidad autónoma, que "no tiene absolutamente ningún peso" en él.
"Barreda no cuenta para Zapatero, Castilla-La Mancha no cuenta para Zapatero", ha subrayado el parlamentario, quien ha arremetido contra la política "negativa, de enfrentamiento" del Gobierno de España en materia de agua.
A este respecto, preguntado por el trasvase del Ebro para abastecer al área metropolitana de Barcelona, Esteban ha lamentado que el PSOE diga sí o no a los trasvases en función de cuál sea el destino del agua.
No obstante, ha asegurado comprender que un catalán quiera que se lleve agua del lugar en el que sobra al que falta, pero también que un presidente autonómico, como el de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, defienda los intereses de los ciudadanos al oponerse a esa derivación tras la derogación del trasvase del Ebro a Levante.
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