Bogotá.- Tres estadounidenses, tres políticos y, sobre todo, Ingrid Betancourt, además de 33 policías y militares, es el "botín" que aún tiene la guerrilla colombiana de las FARC, tras la liberación el miércoles de cuatro ex congresistas.
Su suerte está en el limbo, a tenor de las declaraciones reiteradas del secretariado, o mando supremo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las del Gobierno colombiano.
Pese a las informaciones sobre el precario estado de salud de la ex candidata presidencial, ciudadana colombiana y francesa, traídas por sus seis compañeros liberados, dos en enero y cuatro el miércoles, y las pruebas de vida, o de "tortura" como dijo el presidente colombiano, Álvaro Uribe, de noviembre pasado, nada indica hasta el momento una próxima liberación.
En una opinión ampliamente compartida, el ex congresista Luis Eladio Pérez, liberado ayer por las FARC junto a sus colegas Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem y Orlando Beltrán, decía hoy que "Ingrid, para las FARC, es el botín de oro en este desgraciado proceso".
Después de más de seis años secuestrada, Betancourt, su familia y los gobiernos de todo el mundo exigen a la guerrilla su liberación y las de todos los que permanecen cautivos en manos de esa guerrilla, un número que, además de los 40 considerados "canjeables", suma más de 700, según el Gobierno colombiano.
En el comunicado firmado el miércoles por su secretariado, las FARC afirmaban que "ahora debe seguir el despeje militar de Pradera y Florida por 45 días, con presencia guerrillera y comunidad internacional como garantes, para pactar con el Gobierno en ese espacio, la liberación de los guerrilleros y de los prisioneros de guerra en poder de las FARC".
De este párrafo, y del hecho de que no mencionaran más liberaciones unilaterales, hay quien dedujo que la guerrilla ha puesto fin a esa posibilidad, pese que no lo dice claramente.
Francia y Venezuela, en particular, insisten en pedir la liberación de Betancourt y del resto, y el mandatario venezolano, Hugo Chávez, se lo ha hecho saber varias veces al jefe máximo de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias "Manuel Marulanda" o "Tirofijo", para que tenga especial atención con la ex candidata presidencial.
Las FARC entregaron a los seis políticos como un "logro de la persistencia humanitaria y de la sincera preocupación por la paz de Colombia" de Chávez y de la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba.
Para Chávez, a quien la guerrilla agradece sus manifestaciones en favor de que se le retire el estigma de "terroristas" para considerarla una fuerzas beligerante en el conflicto, hay que buscar propuestas intermedias para conseguir el intercambio humanitario o canje de secuestrados por guerrilleros presos.
Las FARC insisten en el despeje de dos municipios de unos 800 kilómetros cuadrados, con una población de unos 100.000 habitantes y por un período de al menos 45 días para negociar ese acuerdo.
El Gobierno colombiano, por su parte, rechaza de plano este despeje y se remite a su última propuesta de negociar ese intercambio en una zona de encuentro sin fuerza pública y sin población, o muy escasa.
El propio ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, afirmó el miércoles que están "dispuestos a liberar a esos presos que fueron condenados por la Justicia colombiana si hay la voluntad por parte de las FARC de liberar a quienes se encuentran secuestrados".
Para el Gobierno colombiano, la reciente liberación unilateral de los seis secuestrados es una demostración de que no es necesario el despeje para lograr ese intercambio.
Así las cosas, por el momento y a corto plazo, no parece probable que el presidente Uribe acceda a las peticiones de Chávez y de diversos sectores sociales, para acordar en esas condiciones un acuerdo humanitario.
Las FARC tienen ese botín de los rehenes, sobre todo Betancourt, para que otros países traten de convencer a Uribe de la necesidad de buscar una solución que ponga fin al sufrimiento de sus compatriotas en manos de la guerrilla, algunos de ellos desde hace más de diez años y muchos con problemas de salud.
El ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, tras negar la posibilidad, una vez más, de la desmilitarización, se refería hoy a la necesidad de que las FARC "permitan una misión medica internacional" que pueda examinar a los secuestrados.
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