MADRID.- Ching Cheong, periodista y corresponsal en Hong Kong para el diario "The Straits Times", de Singapur, fue detenido en suelo chino en abril de 2005. Lo acusaron de vender secretos de Estado a la 'isla rebelde' de Taiwán. Juicio a puerta cerrada, sin argumentos ni defensa. Ya ha vuelto a casa. Pero su puesto lo ocupará un 'ciberdisidente' Lu Gengsong, detenido en agosto de 2007 y juzgado de la misma manera.
Comenzaba bien el día con la noticia de la liberación de Ching Cheong, de 58 años. Llevaba más de dos años en la cárcel, acusado de haber vendido información de Estado a Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera "rebelde". Cheong siempre negó estas acusaciones, pero en un juicio sin defensa ni posibilidad de dar argumentos, no sirvió de nada.
El gesto de la administración es interpretado como un síntoma de que China puede ceder ante las presiones internacionales. De hecho, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008(BOCOG) reconocía este martes que está considerando la posibilidad de relajar la censura en internet durante los Juegos, y así facilitar el acceso a la información a los periodistas extranjeros que cubran el evento.
Pero a cambio de estos gestos de 'benevolencia', la justicia china encarceló también este mismo día a Lu Gengsong por "incitar a la subversión contra el poder del Estado y posesión de documentos secretos". Sin permitirle hacer preguntas ni alegatos, y en una sesión a puerta cerrada que duró menos de 20 minutos, el escritor fue condenado a cuatro años de prisión. Entre las pruebas aportadas, 19 ensayos 'colgados' en internet en los que hablaba sobre casos concretos de corrupción local.
Aunque siempre se cita al Gobierno central de ser la autora de la censura, muchas veces son los poderes locales los que la promueven. Según explica Ben Lehman, diseñador de videojuegos en Shangai, "el Gobierno central ejerce, en realidad, muy poco control directo. La mayor parte de las cosas están completamente en manos de los funcionarios locales".
La acusación de "incitar a la subversión" se ha convertido en un recurso frecuente para las autoridades chinas. Lo usó la policía hace algunas semanas para arrestar al conocido disidente y activista contra el sida Hu Jia, el cual llevaba 214 días bajo arresto domiciliario.
Otro tipo de censura que realiza el Gobierno chino consiste en poner trabas a la navegación por internet. En julio de 2006, los internautas chinos vieron su acceso a Google sustituido por 'Google.cn', la versión china controlada por el gobierno. En él, los resultados a la búsqueda de términos como "independencia Tibet", "matanza Tiananmen" o "derechos humanos", están anulados.
La 'resistencia' china ideó rápidamente un sistema con el que saltarse el filtro del Gobierno y creó la página "Elgoog" —Google leído al revés—, en la que sí salían los resultados como en el resto del mundo. En casos como éste, organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), no sólo culpan a las autoridades chinas, sino también a las empresas.
Según AI, Yahoo! facilitó a las autoridades chinas información privada y confidencial sobre sus usuarios, que luego se usó contra estos en los juicios, y Microsoft ha admitido que cerró un blog a instancias del gobierno. Google es la que más se ha acercado, según AI, a comprometerse a aumentar la transparencia y avisar a los usuarios chinos cuanto se haya filtrado una búsqueda en internet. En su defensa, estas empresas alegan que tienen la obligación de respetar la legislación local.
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