Guía para entender la propuesta europea contra el cambio climático

MADRID.-  La Comisión Europea puso hoy sobre la mesa un amplio paquete de medidas con numerosos cambios para lanzar las energías renovables y luchar contra el cambio climático a partir del año 2012. Con esta propuesta, España tendrá que reducir un 10% sus emisiones en transporte, agricultura y sector residencial para 2020 y aumentar las energías renovables para que supongan un 20% del consumo final de energía para el mismo año.

Las propuestas lanzadas hoy por el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Barroso, son muchas y algunas de ellas bastante técnicas. En sí, como ya se sabía, los objetivos para 2020 a conseguir por el conjunto de la Unión Europea consisten en: reducir las emisiones de efecto invernadero un 20% respecto al año de referencia 1990 (ahora se está en un -6%) y aumentar las energías renovables para que representen un 20% del consumo final de energía (a día hoy se alcanza un 8,5%). Además, se quiere también que para ese mismo año, 2020, un 10% de los carburantes en automoción sean biocarburantes. La gran incógnita que quedaba por desvelar era cómo se repartirían estos esfuerzos entre los países miembros y las empresas. Es decir, ¿qué parte del 'pastel' le tocaba a cada uno?

Para conocerlo en detalle y seguir la comparecencia de Barroso en Bruselas, la Representación en España de la Comisión Europea había organizado un acto en Madrid, al que asistieron la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el de Industria, Joan Clos. En esta reunión, participaron además dos especialistas para aclarar algunas de las principales novedades, Soledad Blanco, directora de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Medio Ambiente, y Alfonso González Finat, asesor principal de la Dirección General de Transportes y Energía.

En lo que respecta a la reducción de emisiones de efecto invernadero, la propuesta de Barroso divide las fuentes contaminantes en dos bloques: la industria y el sector difuso (transporte, agricultura y sector residencial). El primero concierne a las fábricas y las centrales de generación eléctrica, que, como ahora, deberán adquirir derechos de emisión para poder seguir contaminando. La gran novedad es que no habrá objetivos concretos para cada nación, sino un compromiso conjunto para recortar las emisiones un 21% (respecto a los niveles de 2005) entre todas las empresas e industrias del continente.

¿Qué implica esto? Hasta ahora, cada país decidía cómo repartía los derechos de emisión entre sus industrias, lo que, según se quejaban los empresarios, podía crear desigualdades, por ejemplo, entre una empresa alemana y su competidora española. Lo que propone ahora la Comisión es subastar el 90% de los derechos entre todas las compañías del continente y repartir el 10% restante entre los países con menos PIB por habitante (entre los que estaría España), para que sea más equitativo.

La idea es que las eléctricas acudan a la subasta ya desde el primer año, 2012, mientras que los sectores industriales se incorporen de forma progresiva. Además, el transporte aéreo se incorporará a este bloque y se deja la puerta abierta para que se pueda eximir de estas obligaciones a cerca de 4.000 pequeños productores.

Igualmente, el 20% de los beneficios de esta subasta sería destinado a combatir el cambio climático y promover energías renovables.

En cuanto al llamado sector difuso (transporte, agricultura y sector residencial), un área en el que resulta mucho más complicado reducir las emisiones por su dispersión, aquí sí, la propuesta incluye objetivos concretos para cada país. De este modo, a España le tocaría recortar un 10% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. La novedad es que no se haría sobre el año base de 1990, sino el de 2005, además, lo que es más importante, para calcular este reparto se ha tenido en cuenta de nuevo el PIB por habitante. El resultado es que España le ha tocado un compromiso de reducción en la media del conjunto del continente, en la medida de su PIB por habitante.

Cuando se aprobó en su día el Protocolo de Kioto, la Unión Europea realizó un reparto similar entre los socios comunitarios a cumplir en el periodo 2008-2012. Lo pactado entonces permitía a España aumentar un 15% sus emisiones de efecto invernadero (respecto a 1990), siendo este el porcentaje que tantos quebraderos de cabeza está dando ahora y que tan difícil parece de cumplir. Habrá que esperar un análisis más en profundidad, pero en términos relativos esta reducción del 10% propuesta ahora por la Comisión Europea parece más fácil de cumplir que aquel aumento del 15%.

El segundo grupo de objetivos se refiere a las energías renovables y también incorpora novedades. Quizá la más llamativa sea concerniente a la de los biocarburantes. El aumento del uso del biodiésel y el bioetanol había generado una gran controversia, pues el incremento de la producción agrícola necesaria para fabricarlos podía causar graves impactos ambientales y sociales en países en desarrollo. La solución propuesta por la Comisión es que sólo cuenten para el cumplimiento del objetivo los biocarburantes que cumplan ciertas exigencias: que reduzcan un mínimo de un 35% de emisiones, que no hayan causado destrucción de espacios naturales o que cumplan las normas ambientales 'cross compliance'. Corresponderá a cada país velar por que esto se cumple.

Por otro lado, respecto al aumento de las energías renovables, España tendría que conseguir que en 2020 un 20% de toda la energía consumida (en electricidad, calefacción o carburante) proceda de fuentes limpias (parques eólicos, paneles solares, biocombustibles....). Según indicó el ministro Clos, que al igual que Narbona mostró su satisfacción por la propuesta europea, esto obligaría a que cerca de un 42% de la electricidad producida en España sea generada con tecnologías 'limpias'. Es decir, duplicar la actual producción eléctrica de origen renovable.

Estos objetivos serán vinculantes y los países que los incumplan, penalizados. Con todo, la propuesta de Barroso deberá ser ahora negociada entre los jefes de Estado de los diferentes países de la UE y tramitada en el Parlamento Europeo. Así pues, queda un largo camino.