Gijón.- La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ha iniciado hoy el juicio de la "Operación Potera", con las declaraciones de los veintiún imputados, de los que diecisiete admitieron haber vendido drogas para financiar su propio consumo.
Los otros cuatro acusados negaron su participación en los hechos y la vinculación con otros miembros de la red de narcotráfico que fue desarticulada en abril del 2005 con la detención de veintiseis personas y la incautación de 1,32 kilos de cocaína y 461 gramos de hachís.
A la vista de que la mayor parte de los inculpados han admitido los hechos imputados por la Fiscalía Antidroga de Asturias, el presidente del tribunal, Bernardo Donapetri, ha ordenado la continuación del juicio el próximo día 22.
Según el relato del fiscal Jose Perals, la banda se dedicaba, al menos desde mediados de 2004, a la venta de cocaína en Gijón y las cuencas mineras y también abastecía a algunos internos de la prisión asturiana de Villabona.
Florentina G.G., para quien el fiscal ha solicitado un agravamiento de la pena por la supuesta introducción de drogas en el penal asturiano, ha reconocido haber "intentado" sin conseguirlo llevarle cocaína a su hijo que estaba preso.
A preguntas del abogado defensor, la acusada ha dicho estar "desesperada" porque su hijo, interno en la prisión, le llamaba todos los días por teléfono para pedirle que le llevara drogas y que por eso compró algunas cantidades sin llegar a suministrársela.
La investigación policial se inició a mediados de 2004 al detectar la venta de drogas que se realizaba desde la ventana de una vivienda de planta baja ubicada en la calle de Rosalía de Castro, en el barrio gijonés de La Calzada.
La identificación de los ocupantes de la vivienda y su seguimiento permitió cerrar el primer eslabón de una cadena de distribución que contaba con miembros en Oviedo, en las cuencas mineras asturianas y en Madrid, entre los que se encontraban dos ciudadanos colombianos.
La operación "Potera" iniciada por la Policía Nacional con la identificación de los sospechosos cambió de nombre por el de operación "Carambolo" al advertirse que este grupo estaba también siendo investigado por la Guardia Civil, por lo que los dos cuerpos se pusieron a trabajar de manera coordinada por solicitud del fiscal antidroga de Asturias.
Las detenciones se desencadenaron a partir del 8 de abril de 2005, cuando fueron interceptadas dos personas en Campomanes, cuando regresaban de Madrid, donde presuntamente habían adquirido dos paquetes de cocaína que transportaban ocultos en una furgoneta.
Un registro en el domicilio de estos detenidos en la calle el Pintor Ribera de Oviedo concluyó con el decomiso de 484 gramos de cocaína, dos básculas de precisión y una pistola marca FN de calibre 9 milímetros corto con seis cartuchos en el cargador.
La mayoría de los inculpados que han reconocido la autoría de los hechos aseguraron haber sido consumidores compulsivos de drogas, especialmente cocaína, aunque se encuentran en diversos tratamientos de desintoxicación y están "arrepentidos".
Carlos M.V., uno de los cuatro acusados que no asumieron culpabilidad alguna, ha dicho que en esa época consumía entre cinco y seis gramos de cocaína cada día pero negó haber vendido esa sustancia, aunque admitió haber vendido heroína para financiar su adicción.
En ese sentido, ha declarado haber cumplido una condena por el delito de venta de heroína pero no se ha adjuntado certificado alguno de esta situación al tribunal y su abogada defensora desconocía esta circunstancia.
El colombiano Jairo de Jesús G.O. ha negado tener relación alguna con el tráfico de estupefacientes y ha asegurado que su relación con otro acusado, Manuel R.B., era de trabajo en el ramo de la construcción y de compartir "tiempo de ocio" en discotecas y locales de alterne.
El gallego José Ramón L.I., detenido en Madrid, ha asegurado haber conocido a Jairo de Jesús G.O. en la cárcel de Villabona con posterioridad a los hechos que se juzgan, y que vendía camisetas colombianas en discotecas de ambiente latino.
La Fiscalía intenta demostrar que las palabras "gallinas" y "camisetas", que aparecen en las escuchas telefónicas policiales adjuntadas al sumario, se refieren a narcóticos especialmente cocaína.
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