MADRID.- En la clínica Isadora el teléfono está que echa humo. Es el primer día de la huelga convocada por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) a la que este centro madrileño está adscrita. Durará hasta el 14 de enero. Los pasillos están menos concurridos que otros días, pero el teléfono no entiende de huelgas...
-"¿Clínica Isadora dígame?"
-...
-"Con anestesia local 320 euros. Con anestensia general 410".
-...
-"¿Que si duele? No, no duele. Molesta un poco nada más".
Esta conversación se repite tres o cuatro veces en apenas dos horas. No dan citas, pero el teléfono sigue sonando. En el vestíbulo esperan varios medios para interesarse por el transcurso de la huelga. Una periodista y un cámara franceses empiezan a impacientarse.
La pareja de reporteros galos trabaja para 'Francia24', una agencia de noticias que retransmite para todo el mundo. La noticia del cierre de la clínica Ginemedex del doctor Morín en Barcelona por supuestas prácticas irregulares en abortos han despertado mucha expectación por toda Europa. De hecho, ese fue el detonante de todo lo que está ocurriendo ahora.
El escándalo y el ruido generado al conocerse la noticia provocaron un gran malestar, tanto en los colectivos anti-abortistas, como entre el personal de los centros de interrupción del embarazo, que sienten que no tienen ninguna clase de seguridad jurídica. "A partir de ese momento empiezan las continuas inspecciones, sobre todo en Madrid, Barcelona y Andalucía", relata Empar Pineda, vocal de ACAI en Madrid y empleada de la clínica Isadora. Según su testimonio, el centro en el que trabaja ha sido inspeccionado un total de seis veces durante el año 2007, "cuando lo normal era una al año como mucho".
En una de estas inspecciones, en diciembre, se produce el cierre cautelar de la clínica Mayrit. Según Pineda, esta suspensión resulta extraña, ya que "en octubre acababa de obtener la renovación de la licencia". Para ella, estas son "inspecciones ideológicas en toda regla".
Uno de los doctores sale al pasillo. "¿Nos han vuelto a romper las ventanas?", pregunta. "Es que el suelo está lleno de cristales". Nadie ha roto los cristales de la ventana, pero su pregunta es muy reveladora. "El año pasado nos rompieron todas las ventanas de la clínica en dos ocasiones y nos hicieron pintadas en la fachada", recuerda la portavoz de ACAI, que sostiene que, aunque los hechos fueron denunciados, no se obtuvo respuesta por parte de las autoridades.
La espera continúa y los pacientes van llegando con cuentagotas. Como la mayor parte de estas clínicas, Isadora también realiza atención ginecológica, cirugía urológica y cirugía plástica, pero el aborto representa en 60% de su actividad. "Ha sido un año duro", dice uno de los clientes después de saludar al personal del centro.
Pineda continúa explicando que ACAI ha solicitado entrevistas con la delegación del Gobierno, con la Consejería de Sanidad y con la Fiscalía. "La Consejería no ha dicho ninguna palabra, ni siquiera a los medios", explica algo indignada.
Según datos de la portavoz de ACAI, el 96% de los abortos están amparados en el supuesto de daño a la salud mental de la madre, y casi el 90% de las mujeres aborta a las 12 semanas.
En su opinión, los políticos tratan de volver la cabeza hacia el otro lado, ya que, "ni el PP ni el PSOE han tocado esta ley" en sus respectivos mandatos. "En el programa electoral del PSOE en 2004 había ley de plazos, pero no se ha hablado del tema en esta legislatura. Además, a finales de noviembre Caldera ha dicho que no se iba a tocar la ley del aborto", observa. Respecto a los populares, Pineda cree que, "cada vez que hay elecciones, y especialmente en Madrid, los políticos del Partido Popular hacen parecer que son muy contrarios al aborto, pero luego no hacen nada".
Pineda asegura que en estos días de huelga, unas dos mil mujeres no van a poder abortar. Además advierte de que, "si las cosas no se solucionan, los paros irán a más, con todo lo que ello implica". La decisión se tomará la próxima semana. "Esperamos respuestas antes aunque, de momento, a excepción de en Andalucía, no se han solicitado por parte de las autoridades sanitarias los servicios mínimos que garanticen que no va a haber un problema de salud pública", señala.
La propuesta de ACAI ha sido secundada por otras clínicas como Dator, la primera clínica abortista que se legalizó en España. Su portavoz, Luisa Torres, resalta que la inseguridad jurídica se basa en el hecho de que "no existe ley del aborto, sino sólo una despenalización en el Código Penal".
Torres cree esto facilita la actividad privada y denuncia una falta de regulación de la objeción de conciencia, "caldo de cultivo", según ella, para que "cualquier profesional se crea con derecho de facilitar una información que es pública a su antojo".
La clínica Dator también ha sido objeto de violencia por parte de los grupos contrarios al aborto. "A partir de los de Barcelona, algunos grupos minoritarios se han manifestado con violencia delante de nuestra clínica y han amenazado a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, como al personal del centro", cuenta Torres.
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